Ante la polémica por la sanción al laboratorio Glaxo, que realizó ensayos con niños de Santiago del Estero, el gobierno de esa provincia salió inmediatamente a aclarar que la vacuna que se probó es segura y que de ninguna forma esta causó la muerte de siete chicos de esa provincia, tal como denunciaron sus padres.

En conferencia de prensa, el ministro de Salud, Luis Martínez, buscó tranquilizar a los pobladores, después que la Justicia confirmó la multa que se le había impuesto al laboratorio Glaxo por irregularidades en la selección de pacientes.

Martínez aclaró que la observación se hizo sobre la manera en que se habían desarrollado los protocolos de investigación. "Eso no significa que la vacuna no sea segura ni que vaya a tener algún efecto nocivo en los niños", enfatizó el ministro de Salud.

Precisó que la observación que se hizo tiene que ver con que "no se ajustaron todos los mecanismos para llegar a cumplir con el protocolo por cuestiones que tenían que ver con lo administrativo, con el consentimiento informado que debían dar las familias y que en algunos casos no se habrían dado".

Tanto el ministro Martínez como las autoridades del Ministerio de Salud de la Nación se mostraron complacidos por la decisión de la Anmat: "esto significa que las instituciones están funcionando, que hay regulación, que hay fiscalización y esto hay que festejarlo porque quiere decir que hay política pública que nos protege".

"Esto también nos llama la atención a todas las instituciones que estamos trabajando en la salud pública y a los investigadores a tener en cuenta no sólo los aspectos de la investigación en sí, sino también hay que cumplir con todos los requisitos administrativos", dijo en la conferencia.

El Ministerio de Salud de la Nación afirmó que la vacuna en cuestión se encuentra aprobada y en vigencia en más de 80 países entre los que se incluye la Argentina. Respecto de las muertes, también las autoridades nacionales aclararon que no están relacionadas con la vacuna.

Sin embargo, los abogados de algunas de las familias que perdieron hijos en el marco del ensayo de Glaxo están tratando de demostrar lo contrario. Miguel Torres, que representa a la familia del menor Gabriel Ovejero, solicitó en los últimos días a la Justicia santiagueña que se acumulen todas las causas que tramitan sobre el tema. Hay más de una decena de denuncias en los Tribunales de Santiago y de La Banda.

"De esta manera, se podrá ver todos los puntos en común que tienen los casos. ¿Cómo puede ser que la mayoría de los chicos que murieron presentaron los mismos síntomas antes de fallecer? Además, no hay un solo deceso; son varios. Entre los denunciados y los que todavía no se animaron, hay más de 20", explicitó el letrado.

Torres solicitó la imputación de los responsables por la aplicación irregular de las vacunas en Santiago del Estero. Pidió la investigación del laboratorio, de los médicos y agentes de los hospitales que participaron del ensayo y de las autoridades provinciales que permitieron que se realizara el estudio.

"Todavía la Justicia no determinó un delito por encontrarse las causas en período de instrucción. Hay acciones legales en los fueros penales y civiles. Pronto se podría determinar si se trató de homicidio culposo o asociación ilícita. Se verá quién tiene más o menos responsabilidad", comentó.

Según Torres, sobran pruebas para determinar que hubo irregularidades, como por ejemplo "colocarles la vacuna a chicos de alto riesgo". "Engañaban a los padres para que los vacunen y no siempre cumplían con el protocolo que establece como obligatorio la presencia de un testigo antes de firmar el consentimiento", concluyó.